Félix Bulnes: Crónica de muertes anunciadas

Durante muchos años nos preguntábamos - los médicos interesados en la salud pública - cuando empezarían a aparecer los problemas de salud derivados de políticas en el sector que se concentraban en los aspectos de macro gestión financiera olvidando que el objetivo del sistema es de servicio a las personas.

Lo sucedido en el Félix Bulnes es una señal de alerta que debe ser entendida en su verdadera dimensión y no dando palos de ciego como los que hasta el momento se dan. No es posible plantear que la primera causa a descartar de los cuadros de hemorragia masiva fuera una infección intrahospitalaria, porque cualquier médico sabe que en estos casos, la hemorragia forma parte de un cuadro gravísimo de falla multisistémica de desarrollo prolongado en pacientes generalmente en shock, ausente en estos casos. Descartada esta posibilidad, no queda otra que un cuadro de trastorno de la coagulación que no puede ser otro que el de la administración de anticoagulantes, porque cualquier otra causa correspondería a causas que efectivamente existen, pero que desafiarían hasta el más irracional de los cálculos de probabilidades.

Sugerir, como lo hace de una manera increíblemente irresponsable el diputado y médico Carlos Olivares, que debe investigarse una actividad criminal, sólo puede caber en la cabeza de un médico que nunca ha trabajado en un hospital o que ha visto demasiada televisión de asesinos seriales. De la misma manera, ante la falta absoluta de antecedentes podría investigarse una intervención del Maligno o de la Justicia divina, siempre inescrutable.

Planteada esta primera posibilidad, de administración de anticoagulantes, una mirada analítica no puede dirigirse a investigar la diversidad de los equipos médicos que intervinieron en los casos, sino a los factores comunes a todos los casos, en este caso, la cadena que recorren los medicamentos desde su producción, compra, almacenamiento, dosificación, etiquetamiento, asignación a determinado paciente, y finalmente, su administración. Y aquí viene lo realmente sustantivo: si bien este proceso es realizado por los funcionarios responsables, el control del mismo corresponde a la autoridad.

No me cabe duda alguna que el procesamiento será, en este caso, el habitual en estas deficiencias, y que la autoridad, haciendo abstracción de su responsabilidad, se empeñará en demostrar culpabilidades individuales de los funcionarios, en este caso con la ayuda inestimable del Ministerio Público que llevará adelante una investigación penal, como le corresponde. Sin embargo, lo penal siempre hará desmerecer la investigación administrativa, que es la realmente necesaria, porque debe orientarse a la no repetición de estos errores y no a la sanción del funcionario, que es la constante inmutable que satisface plenamente a la autoridad. Los sumarios administrativos, lo sabemos en demasía quienes nos desempeñamos durante largos años en el sistema público de salud, nunca han cumplido el objetivo del derecho administrativo de mejorar el servicio porque cumplen un objetivo propio del derecho penal, la sanción.

No es la primera vez que sucesos como éstos suceden en el Félix Bulnes. La bullada muerte de una lactante que debiendo dormir en una cuna, lo hacía en una cama en mal estado, en un colchón estrecho y sin una de sus barandas, con normas de inmovilización que se crearon después del accidente, con medios de contención improvisados y en un cuarto aislado sin visión desde el exterior, sólo se resolvió mediante la acusación de "falta a la probidad administrativa" ¡de la auxiliar que en ese momento atendía a otro paciente! que fue destituíde de su cargo un año antes de jubilar.

En un caso similar al actual, una equivocación en la administración de droga en el pabellón quirúrgico, la sanción a la funcionaria sólo pudo revertirse a última hora mediante argumentación jurídica que demostró que el error se debió a una distribución equivocada de la droga en los compartimentos del carro de paro, una responsabilidad indudablemente administrativa, porque forma parte de lo que se denomina "atención al puesto de trabajo".

En el primero de estos casos, es preciso reconocer que algunas de las deficiencias fueron subsanadas, pero en silencio, detrás del ruido de la sanción y de la investigación que se llevó a tribunales. En la segunda, el caso se resolvió mediante el sobreseimiento de la funcionaria inculpada, pero no se investigó la verdadera causa, y nadie puede afirmar que esta deficiencia, denunciada, conocida por la autoridad y no corregida, no esté en el origen de la administración equivocada de heparina de los casos actuales.

En medicina, la experiencia es irremplazable. La repetición de los hechos, la conducta correcta ante los errores y la toma de medidas que vayan mejorando sistemática e indefinidamente procesos de complejidad creciente como lo son las prestaciones en salud, requiere de autoridades adecuadas. No basta el sólo entrenamiento en las políticas actuales en salud, siempre cambiantes y habitualmente erráticas, sino comprensivas del proceso mismo, porque la cirugía, la medicina interna y todas las especialidades no varían sustanciamente en ninguna parte del mundo. La administración es entonces meramente logística, en función de las mejorías en salud y no del balance financiero del sistema.

No es cuento aparte que los EEUU nos haya sometido a planes piloto (el Modelo del Banco Mundial y el AUGE), como una forma de probar y perfeccionar en el futuro, el modelo financiero de su propio sistema de salud. Ese futuro es hoy presente y Obama es el encargado de llevarlo adelante, y sería interesante comprobar lo esperable, que el modelo norteamericano no va a tropezar con las mismas piedras nuestras, porque para eso son los planes piloto.

Es este marco rígido el que obliga a las autoridades superiores a designar, legal o ilegalmente, a las autoridades intermedias, ojalá jóvenes emprendedores y sin la experiencia que pueda torcer el manual de procedimientos, el libro gordo de Petete que es la reforma en salud.

Legalmente, cuando la ley permite el nombramiento en cargos de confianza, e ilegalmente cuando, como en el propio Hospital Félix Bulnes, los concursos de cargos directivos demoran cuatro años en vez de cuatro meses (Concurso de Jefaturas 2000, resuelto el 2004 mediante un recurso judicial) sin que los concursos logren cambiar a las autoridades, porque los titulares no asumen y los cargos se siguen asignando "a dedo", en encomendación de funciones.

Así, las autoridades superiores tienen una responsabilidad redoblada, puesto que ni siquiera pueden alegar que las autoridades bajo su mando fueron nombradas por concurso, porque son sus elegidos directos. Desgraciadamente, aunque cada error clínico puede causar una muerte, porque debe ser corregido a posteriori, cada error administrativo puede causar muchas muertes, porque afecta a numerosas personas a la vez antes de ser corregido, si es que se corrige.