El
bloqueo ha demostrado ser ineficaz para generar cambios y no tiene más
consecuencia que un daño injustificable al desarrollo de la isla.
Santiago, 20 de mayo de
2014
Jose Miguel Lecaros
Abogado Universidad de Chile
Semanas atrás se ha informado
que la transnacional AIG fue multada en cerca de 300.000 dólares
norteamericanos por la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros,
dependiente del Departamento del Tesoro Estadounidense) por emitir y renovar
pólizas de seguros a un canadiense en Cuba, entre los años 2006 y 2009. La
agencia de viajes con sede en Argentina despegar.com
recibió días atrás una severa y disuasiva sanción: 2,8 millones de dólares por
vender boletos aéreos y reservas hoteleras para estancias en la isla. Las
historias son muchas: el año 2011, Metlife fue multada por la OFAC en 23.000
dólares por el simple hecho que la sucursal de Nueva York emitió un cheque a
nombre de un cubano. Todo esto representa la punta anecdótica de un iceberg
inconmensurable: el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos
contra Cuba.
¿Tiene justificación jurídica,
práctica, o al menos sencillamente razonabilidad, la mantención de una política
semejante nacida hace 50 años o tendrá algo de razón un ex gobernador de
Florida que recientemente la ha llamado una “reliquia ineficaz”?
El bloqueo norteamericano
a la isla no se entiende si no se conoce la historia de ambos países desde
mediados del siglo XIX, si no se recuerda el hundimiento del Maine y la
esquizofrenia colectiva que le siguió, si no se recuerda la época y la
influencia de la prensa amarilla, esa que recrea la película Ciudadano Kane,
si no se tiene en vista los orígenes y la justificación de la insólita Enmienda Platt,
etcétera.
Pero las sanciones económicas
propiamente tales se remontan a los inicios de los sesenta con la ruptura de
relaciones con Cuba y la reducción de la cuota azucarera bajo el gobierno de
Eisenhower, que mas tarde fue enteramente eliminada en la presidencia de
Kennedy. Y luego todo fue agudizándose con diferentes explicaciones. En los
años sesenta el gobierno norteamericano justificaba el bloqueo en torno al
peligro soviético; en los setenta, parecía necesario ante la ayuda militar
cubana a algunos países africanos, recientemente independizados. Desde los años
80 y sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, las explicaciones se
pierden en una nebulosa.
Pero para nadie es un misterio:
simplemente el gobierno estadounidense usa esa herramienta para acelerar
cambios, sobre todo en las instituciones políticas, que desde hace un par
de décadas espera como inminentes, pero que a su pesar no han llegado.
El bloqueo económico está
representado por un complejo cuerpo normativo, constituido principalmente por
la Ley de Administración de las Exportaciones (de 1979, que da atribuciones al
Presidente de la Republica para restringir exportaciones y reexportaciones de
bienes y tecnologías); la Ley Torricelli, (de 1992, que prohíbe a
subsidiarias norteamericanas en terceros países hacer transacciones con Cuba o
cubanos, la entrada a territorio norteamericano durante 180 días a barcos de
terceros países que hayan tocado puerto cubano, entre otras restricciones); la
Ley Helms-Burton (promulgada bajo el gobierno de Clinton, en 1996 que persigue
desestimular la inversión extranjera e internacionalizar el bloqueo); y todo un
conjunto de Regulaciones de Administración de las Exportaciones, que las
prohíben hacia Cuba y que se encuentran amparadas en la Ley de Comercio
con el Enemigo (Ley TWEA, por sus siglas en inglés), de 1964.
El asunto es muy problemático desde el punto de vista del derecho
internacional, carece de todo sentido práctico, aún desde las expectativas de
la administración estadounidense y cuestionable desde el punto de vista de los
principios éticos que deben regir las relaciones entre los pueblos.
En cuanto a lo primero, porque el bloqueo resulta
incompatible con el principio de la autodeterminación consagrado en la Carta de
las Naciones Unidas en 1945, la Declaración de los Derechos Humanos adoptadas
por su Asamblea General, en Paris en 1948 y los Pactos Internacionales de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y de Derechos Civiles y Políticos.
Resulta también incongruente con la Resolución
2625, de 24 de octubre de 1970, del XXV Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, que declaró la igualdad soberana
de todos los Estados, el principio de la libre determinación de los pueblos y
de no intervención en los asuntos que no sean de su jurisdicción interna.
Establece esta Resolución que "ningún Estado puede aplicar o
fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole
para coaccionar a otro Estado, a fin de lograr que subordine el ejercicio de
sus derechos soberanos y obtener él ventajas de cualquier otro. Todo Estado
tiene el derecho inalienable de elegir su sistema político, económico, social y
cultural sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado”.
Sin entrar en detalles, cabe
además recordar que el bloqueo (que no es un simple “embargo”) es,
conforme a la Declaración sobre el Derecho a la Guerra Marítima, emitida en la
Conferencia Naval de Londres de 1909, un “acto de guerra”. No se ve de qué manera
puede haber guerra entre ambos países. Por las dudas y sólo para ser tenido en
cuenta, cabe recordar que en la II Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada en enero pasado en La Habana, se
ratificó el Comunicado Especial de 5 de junio del año pasado que rechaza la
inclusión de Cuba en la Lista de Estados que promueven el terrorismo
internacional.
El bloqueo carece además de todo sentido práctico. En EEUU, el Peterson Institute for
Internacional Economics acaba de publicar un libro titulado “Economic Normalization with
Cuba: A Roadmap of US Policymakers” (escrito por Gary Clyde
Hufbauer y Barbara Kotschwar). El estudio concluye en que ambos países tienen
mucho que ganar con el fin al bloqueo y la reanudación de relaciones
comerciales. Se calcula que Estados Unidos podría exportar a Cuba 4.300
millones de dólares anuales (hoy sus exportaciones ascienden aproximadamente a
400 millones al año, principalmente productos agrícolas y ganaderos y
medicamentos) y Cuba a Estados Unidos, por su parte, alrededor de 5.800
millones de dólares anuales. Y en un tema tan sensible para EEUU, como es el
energético, las perspectivas son más interesantes aún: Cuba tiene reservas
probadas de 100 millones de barriles de petróleo, pero produce en la actualidad
51.000 barriles diarios, que no cubren sus necesidades energéticas.
No es fácil un cambio, desde
ya, porque existen intereses creados en ambos países, de conglomerados
que viven a expensas de triangulaciones que sólo se justifican por el bloqueo.
Además, porque en su mayor parte, éste se sustenta en normativas legales que
requieren del Congreso para ser modificadas. Pero se pueden dar pasos desde los
otros poderes del Estado. Un ejemplo: en mayo del año 2012, la Corte Suprema denegó
a la compañía Cubana Cubaexport el derecho a renovar el registro de la marca Havana Club en la Oficina de Marcas y Patentes de
los EEUU, por oposición de la OFAC.
Decisiones de este tipo son
impresentables e injustificables; evitarlas a futuro pueden ser gestos
importantes en una normalización de relaciones comerciales. Mientras tanto,
continúa el daño económico que ha causado el bloqueo al desarrollo de la isla,
desde 1959 y que es inmenso. En Internet se especula en torno a cifras en
billones de dólares. Sin duda es muy difícil cuantificarlo, pero lo cierto es
que a estas alturas parece insostenible la tesis de quienes sostienen que el
bloqueo es sólo una excusa para justificar el estancamiento, en realidad
provocado por el sistema político y económico imperante. Hay daños en la
industria turística (un ejemplo absurdo es la prohibición estadounidense que
impide que operen las tarjetas American Express y Mastercard), en la
Aeronáutica Civil, en el transporte, en el campo del deporte y de la cultura;
en el sector energético y en la misma producción alimenticia. Piénsese
solamente que la falta de productos químicos necesarios para el cultivo de la
caña de azúcar viene afectando los rendimientos desde 1990 y la carencia de
combustible impide avanzar en los niveles de mecanización de la zafra.
Los que pagan los costos son todos los cubanos. Y se entiende entonces lo que
hay detrás de la publicidad caminera que se ve en los alrededores de La Habana:
“Bloqueo
económico: el genocidio más largo de la historia”.
El bloqueo económico a Cuba es,
literalmente anacrónico: no se condice en ningún aspecto con la realidad
actual. Es preciso comprender que las cosas en la mayor de las Antillas, están
cambiando.
Estuve en Cuba todo el mes de
febrero pasado recorriendo ciudades y pueblos y conversando a fondo con la
gente. Sufre deficiencias evidentes en sus instituciones políticas, en
transparencia y en la libertad de prensa, entre otros aspectos.
Pero es un país ordenado, con bajísimos niveles de delincuencia,
que tiene avances interesantísimos en investigación genética, que pese a
las dificultades ha obtenido recientemente el reconocimiento dela FAO por
cumplir con antelación su meta de reducción del hambre y ha sido elegido para
presidir la 67ª Asamblea Mundial dela Salud entre el 19 y el 24 de mayo
próximo, lo que puede ser visto también como un reconocimiento a sus éxitos en
materia de prevención, cobertura y protección de la salud.
Se están desarrollando con
mucho esfuerzo obras públicas. Su nivel
de alfabetización es el de un país desarrollado. En enero pasado la
presidenta de Brasil inauguró un puerto de contenedores que representó una
inversión de 700 millones de dólares de ese país en Mariel, al oeste de La
Habana. Se ha dictado recientemente una audaz Ley de Inversión Extranjera para
expandir hacia otros países relaciones comerciales sólidas y cuantiosas como
las que tiene hoy con Rusia, China y Brasil, entre otras naciones. Son cambios
que reflejan un nivel de adaptación impensable en los tiempos de Busch o
de Clinton y que me llevan a pensar que más que una caída estrepitosa del
régimen deben esperarse transformaciones paulatinas pero sin vuelta atrás.
Todo esto sucede mientras la
Comisión de Asignaciones del Senado de los EEUU investiga el programa
encubierto “Zunzuneo”, mediante el que se financiaba y sustentaba, con dineros
públicos, una red social supuestamente originada en forma espontánea entre la
disidencia de la Isla, un programa que fuera calificado por el Senador Patrick
Leahy de “estúpido, estúpido, estúpido”. Es lamentable. Cuba no es hoy una
amenaza para Estados Unidos, si es que alguna vez lo fue.
El bloqueo ha demostrado ser ineficaz para generar cambios y no
tiene más consecuencia que un daño injustificable al desarrollo de la isla. Es
de esperar que en los próximos años la política exterior hacia Cuba se sustente
en mayores niveles de objetividad, racionalidad y de sentido práctico y
se puedan reestudiar normativas que no tienen más explicación que temores
ideológicos que hace años perdieron vigencia. En 1992, la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó, con el voto de 59 países una Resolución titulada
“Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto
por los Estados Unido de América en Cuba”. El año 2002, 173 países la aprobaron
y el año pasado fue respaldada por 188 Estados. Es una tendencia auspiciosa
(Santiago, 20 mayo 2014)
